El Ministerio Público puso en marcha la Operación Panthera 7 contra los integrantes de la red internacional de narcotráfico y lavado de activos a la que, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocupó más de 9.8 toneladas de cocaína en diciembre pasado, con el apoyo estratégico de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.
En las acciones contra la red criminal, desarrollada en forma autónoma por República Dominicana, participan 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes realizan arrestos y allanamientos desde las 14:30 horas del sábado 11 de enero.
Las unidades élite que participan en las operaciones contra el crimen organizado se encuentran desplegadas en varios puntos del país, utilizando equipos especiales, incluso helicópteros de apoyo, en lo que, a juicio de las agencias, completa una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio.
Las indagatorias han incluido técnicas de investigación moderna, como la reconstrucción de la escena del delito mediante softwares especiales, entre otras, que serán presentadas al juez en su momento, y en las que se ha recibido una colaboración de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) para el procesamiento de algunas escenas importantes para la investigación.
En el transcurso de la investigación se han recolectado evidencias que demuestran que los 9,587 paquetes con un peso de 9,889 kilos de cocaína fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024. Además, que La organización criminal captó varios empleados del Puerto Multimodal de Caucedo, que contribuyeron a la entrada del cargamento a la terminal a bordo del contenedor número FFAU4542281.
Al camión marca Mack, modelo CXU613, color azul, placa L380563, rótulo de la RNTT S503, utilizado para entrar el contenedor cargado con la droga se le ocupó un GPS que la organización criminal no tenía conocimiento que lo poseía, ya que dicho dispositivo había sido dejado por la empresa que lo había vendido. el referido vehículo no había sido traspasado al momento de la entrada de la droga al puerto, con el objetivo de la organización criminal ocultar el real propietario.
La mapificación del GPS, que al ser rastreado corrobora, junto a otras evidencias, que el lugar principal donde fue cargado el contenedor con las 9.8 toneladas de cocaína, el cual se encuentra ubicado a pocos minutos del puerto, es propiedad de uno de los principales imputados, que se encuentra arrestado, el presidente de la compañía GWG TRANSPORT, quien no había traspasado el inmueble, pero el Ministerio Público tiene en su poder el acto de venta y las evidencias que acreditan que es su propiedad.